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viernes, noviembre 27, 2020
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Ministerio de Defensa Nacional informa sobre erradicación de cultivos ilícitos

Mindefensa Carlos Hollmes Trujillo
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En atención a las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos adelantadas por la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa Nacional informa que:

1. El artículo 375 del Código Penal tipifica como delito cultivar, conservar o financiar plantaciones de coca, marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse drogas ilícitas. Como con cualquier otro delito tipificado en la legislación colombiana, es deber de la Fuerza Pública contrarrestarlo.
2. Los cultivos ilícitos se convierten en el combustible de las economías ilegales que financian y propician el crecimiento de organizaciones criminales que afectan la seguridad nacional, llevan violencia a los territorios y destruyen el medio ambiente, asesinan a los líderes sociales y alimentan el consumo que tanto daño hace, además de afectar los derechos humanos y la credibilidad en el sistema democrático.
3. Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en el informe de monitoreo SIMCI 2018 se evidenció que la presencia de cultivos de coca tiene una correlación directa con el asesinato de líderes sociales, el desplazamiento forzado interno, actos terroristas y las afectaciones a la población civil y a la Fuerza Pública.
4. Es deber del Estado colombiano y de la Fuerza Pública cumplir con la Constitución y la Ley y evitar que lo anterior ocurra, utilizando todas las herramientas disponibles en el marco jurídico vigente para eliminar los cultivos ilícitos del territorio nacional.
5. La erradicación manual de cultivos ilícitos obedece a un planeamiento técnico y coordinado, que respeta los acuerdos de sustitución vigentes y los territorios de resguardos indígenas, así como las garantías de la consulta previa.
6. La erradicación de cultivos ilícitos se realiza bajo claros parámetros de respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Los miembros de la Fuerza Pública se encuentran capacitados para aplicarlos y garantizarlos; reciben entrenamiento en protocolos de uso de la fuerza, de conformidad con las normas jurídicas nacionales e internacionales, la doctrina y directivas institucionales. Cualquier actuación por fuera de estos parámetros es investigada por las autoridades competentes.
7. Compartimos la preocupación de la Defensoría del Pueblo por la acción de los grupos armados ilegales que presionan las confrontaciones y conminan a los pobladores a movilizarse en contra de la Fuerza Pública.
8. Continuaremos nuestra labor de protección a la población e integridad de los territorios sin descanso, hasta romper las economías ilícitas que afectan estas comunidades profundizando la pobreza e inequidad.

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