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lunes, noviembre 30, 2020
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Corte Constitucional tumbó decreto que permitía el rescate de empresas por el Gobierno Nacional

Cortesía: Corte Constitucional
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La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió considerar de manera inconstitucional el Decreto 811 de 2020 que establecía las características de compra de acciones para las empresas que ejecuten actividades de interés nacional y que tengan sus acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el alto tribunal considera que la norma no superó los juicios de necesidad conexidad, finalidad y contradicción especifica en relación al estado de Emergencia, declarado por el Gobierno en el mes de marzo a causa de la pandemia por coronavirus en el país.

Entre las disposiciones que establecía el decreto, se hallaba que cuando la Nación reciba o adquiera participaciones minoritarias de cualquier sociedad privada, publica o mixta, sus accionistas o propietarios garantizarían la compra de la participación del Estado mientras se contenga la emergencia sanitaria.

La Corte considera que no tiene relación con lo expuesto en el artículo 60 de la Constitución, acerca de las privatizaciones, sino que esta norma “es una estrategia adoptada por la Nación para enfrentar el desafío extraordinario que surgió para la economía colombiana con ocasión de la pandemia”, lo que se considera como una justificación para pretender privatizar los activos de la nación.

Pese a que el decreto trata de créditos y no de acciones, en el Gobierno hay preocupación por lo que puede suceder con el préstamo a la aerolínea extranjera Avianca, que tiene un valor por 370 millones de dólares, con cargo al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) creado en este año por la pandemia, y que fue suspendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debido a que un ciudadano interpuso una demanda donde plantea el riesgo del patrimonio público si se concede este préstamo a una multinacional que se encuentra en déficit económico.

Por otra parte, la Procuraduría también consideró que el decreto no cumplía con las indicaciones que avalaban la enajenación de las acciones de la Nación en la Bolsa de Valores, ya que afirman que “no figura un cálculo o estimación financiera que indique el vínculo requerido para cumplir este requisito”.

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