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lunes, julio 26, 2021
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Fiscalía imputa a exfuncionarios, contratistas e interventores por presuntas irregularidades en el contrato de construcción de parque recreo deportivo en San Andrés

Cortesía: El Heraldo
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En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas, entre exfuncionarios de la Gobernación, contratistas e interventores, por presuntas irregularidades en las fases precontractual y de ejecución del contrato de construcción del parque recreo deportivo ‘Tropical Park’ en San Andrés Islas.

Los procesados que fueron imputados según su posible participación en las anomalías detectadas, son:

  • Exsecretaria de Turismo de la Gobernación de San Andrés, Paola Andrea Toro Piedrahita, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
  • Exsecretario de Infraestructura, Alejandro Lozano Bowie, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
  • Exsecretaria de Infraestructura, Ninosthka Hudson Hernández, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documentos público.
  • Contratista y representante legal del Consorcio Tropical Park 17, Andrés Sanmiguel Castaño, por el delito peculado por apropiación.
  • Interventor Moisés Francisco Araujo Fuscaldo, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

De acuerdo con el material probatorio presentado por la Fiscalía, se establecieron que en el contrato de obra 1865 del 20 de diciembre de 2017, que contempló la construcción del parque, se habría presentado una apropiación ilícita de 7.248 millones de pesos.  Asimismo, en el contrato de interventoría 1873 de 2017 los dineros comprometidos ascenderían a 89’000.000 de pesos, donde quedaron en evidencia presuntas irregularidades como falta de Planeación, no hubo estudios de mercado, análisis de precios unitarios, solicitud de permisos y licencias, diseños ni estudios de suelos.

Además, se evidenció que el contrato de obra fue firmado por una persona sin poder de representación que el consorcio autorizó dos días después de la celebración del mismo, así como la construcción de un muro de contención que no estaba previsto en el proyecto inicial, el pago de actividades no ejecutadas, el incumplimiento de otras en las especificaciones técnicas y algunas en menor cantidad a las contratadas.

Adicionalmente, se conoció que el 50% del valor del anticipo entregado al contratista, supuestamente, fue destinado a cubrir otros asuntos que no tenían relación con el proyecto ‘Tropical Park’ y la interventoría habría usado parte del anticipo para el pago de obligaciones tributarias con la DIAN.

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