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domingo, octubre 17, 2021
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Polémica por cifra presentada por la JEP en el caso de “Falsos Positivos”

Cortesía: Nuevo Arco Iris
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Desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revelará en un comunicado que, durante la investigación del Caso 003 denominado “falsos positivos” adelantada por la entidad, al menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008, las opiniones de las personalidades de la vida política no han parado en el país.

Según el documento presentado por la JEP a los colombianos, la cifra detallada es tres veces superior a la reportada por la Fiscalía General de la Nación (2.248 victimas), revelando que el 66% se concentró en diez departamentos, incluidos Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta como territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación.

Asimismo, destaca que la decisión fue tomada tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macro criminal.

Sin embargo, referentes de la política nacional han criticado o defendido la posición de la Jurisdicción en cuanto a la investigación de ‘Falsos Positivos’. El primero en cuestionar el comunicado fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien calificó el informe como ‘sesgado’ y cree que solo busca desacreditarlo.

«No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que, como Gobernador y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas», expresó el exmandatario en un comunicado.

Igualmente, la senadora Paloma Valencia expresó su preocupación ante la revelación de la JEP en cuanto al caso. “Me preocupan los anuncios de la JEP, el sesgo político es evidente. Hablan de falsos positivos en Dabeiba cuando se ha denunciado el montaje en ese caso”, escribió la congresista en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, refutó la afirmación de Uribe, aclarando que la entidad no tiene sesgos con ningún colombiano. “Las fuentes de la JEP son múltiples, son naturalmente de organizaciones de derechos humanos, pero nos hemos basado en la JEP en las cifras de la Fiscalía, el sistema de información de la Fiscalía, el observatorio de memoria y conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórico y, entre otros, la coordinación colombiana Europa – Estados Unidos, pero también de múltiples versiones libres, de informes de la Procuraduría”, afirmó el magistrado en una entrevista a Blu Radio.

Mientras que el senador Roy Barreras cuestionó a los dirigentes que defienden la política de Seguridad Democrática, impulsada por el expresidente Uribe. “Durante muchos años estuvimos engañados con el éxito de la Seguridad Democrática. Hoy conocemos el asesinato de miles de inocentes por los falsos positivos. ¿Cómo es posible que haya coaliciones políticas que defiendan ese legado?”

De igual forma, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, resaltó el papel que ha desempeñado la Jurisdicción en el caso, así como las plataformas de Derechos Humanos para avanzar en la investigación. “Acogemos con beneplácito los avances en la investigación en Colombia de los casos conocidos como “falsos positivos”, en que personas fueron presentadas de manera falsa como “muertas en combate (…) está tomando pasos importantes en la lucha contra la impunidad que contribuirán a que Colombia aborde las graves violaciones al derecho internacional del pasado y la no repetición de estas violaciones. Reiteramos que la rendición de cuentas por estos crímenes y la protección de los derechos de las víctimas es esencial para la consolidación de la paz y el fortalecimiento del estado de derecho en Colombia”, pronunció.

Por ahora, el debate está abierto, de un lado está un sector que afirman que las cifras presentadas son para realizar una persecución política a un sector en especial, y por otro lado están los que aseguran que la institución está cumpliendo con su labor de indagar todos los hechos que enmarcaron cincuenta años de conflicto armado en el país. Lo cierto es que este caso nunca resolverá la tristeza de miles de familias colombianas que vieron como se les fue quitado ese ser querido que pudiera compartir momentos de felicidad.

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