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lunes, julio 26, 2021
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Mandos medios de las FARC confesaron los tratos inhumanos que recibían los secuestrados en Cautiverio

Cortesía: Colprensa
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En las últimas horas, la Justicia Especial para la Paz (JEP) publicó la reseña de tres testimonios dados, en los últimos diez días, por tres mandos medios de la antigua guerrilla de las FARC, cuya única función era la custodia de los secuestrados. Estas declaraciones hacen parte de las diez versiones ordenadas por la Sala de Reconocimiento de la entidad, que se encuentran en condición de reserva para proteger la integridad de las victimas.

Estos tres ciudadanos son Marcos Alvis Patiño, quien declaró el pasado 4 de marzo; Alfonso López Méndez, quien rindió testimonio el pasado 8 de marzo, y Jhoverman Sánchez, quien se presentó ante la JEP el 11 de marzo, quienes pidieron perdón a las víctimas y admitieron que el grupo armado brindaba unas condiciones inhumanas a los secuestrados.

Inicialmente, Marcos Alvis Patiño manifiesta haber custodiado a los policías que fueron retenidos en la Toma de Mitú en 1998. En su declaración, reconoce que las personas “no podían ir al chonto entre las 6:30 p.m. y las 5:00 a.m. una vez se cerraba la puerta”, así tuviera diarrea, por lo que debían hacer sus necesidades en bolsas o “en los recipientes donde comían”.

Además, asegura estar arrepentido de lo sucedido con estos colombianos, y se comprometió con la JEP a trabajar con otros excombatientes en el municipio de Mesetas (Meta) para la búsqueda de las víctimas, entre ellas, el intendente Luis Hernando Peña Bonilla, quien aun se reporta como desaparecido del conflicto armado. “El daño que hicimos en esta guerra es demasiado grande. El secuestro era inhumano, denigrante y de las peores cosas que ha dejado el conflicto”, admitió.

Por su parte, Alfonso López Méndez, quien se identificó como el comandante del frente 27 de la extinta guerrilla, confesó su responsabilidad en el secuestro, extorsión y asesinato de campesinos residentes en los municipios de Vistahermosa y San Juan de Arama (Meta).

Según el testimonio, el frente llegó a tener 500 guerrilleros y 400 milicianos, y su financiación era a través del cobro de la pasta base de coca, así como de “multas” cobradas a los pobladores de la región, que rodaban entre 5 y 50 millones de pesos, después de secuestrarlos y torturarlos. Admite que algunos de ellos fueron asesinados y continúan desaparecidos, por lo que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) asistió a las diligencias y adelantará las labores correspondientes.

Por último, Jhoverman Sánchez, tercero al mando del frente quinto y comandante del frente 58 de las FARC, asumió su participación en el secuestro de 137 miembros de la fuerza pública entre militares y policía en los años 1998 al 2005, así como de las operaciones dadas en los municipios de Riosucio, Murindó, Vigía del Fuerte, Bojayá, Carmen de Atrato y Juradó (Chocó).

“Era común que cuando (las personas de la comunidad) transitaban del Urabá hacia Medellín, en Dabeiba, en un puente los paraba la guerrilla constantemente, se montaban, señalaban quiénes se tenían que bajar, los mataban y los tiraban al río (…) esa acción la hacían comisiones de dos frentes: 34 y quinto, pero los que pasábamos por allí no hacíamos esos (hechos)”, manifestó Sánchez.

En medio de la declaración, la magistrada Julieta Lemaitre le preguntó sobre la orden de secuestrar en Urrá, Córdoba, en 1994, a dos topógrafos de nacionalidad sueca, un ingeniero colombiano y dos conductores, todos contratistas de Skanska, a lo que respondió que era responsabilidad de Iván Márquez, cuya acción participaron los frentes quinto, 34, 18, 58 y 57.

Por ahora, la JEP seguirá llamando a versión a otros mandos medios de la extinta guerrilla para que respondan por las solicitudes de verdad en hechos concretos, especialmente en lo que concierne a la búsqueda de los desaparecidos.

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