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sábado, julio 24, 2021
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CIDH pide que la Policía Nacional se separe del Ministerio de Defensa

Cortesía: CIDH
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Tras un mes de la visita de una delegación para conversar con diferentes sectores sociales del país y verificar la situación de Derechos Humanos en medio del Paro Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles un informe donde le recomiendan 41 observaciones al Estado Colombiano.

La Comisión recalcó que este informe se basa en información entregada antes, durante y después de la visita por parte del Gobierno Nacional y organizaciones de la sociedad civil, en el que recibieron cerca de 2.908 solicitudes para brindar testimonio sobre el derecho a la protesta, el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia sexual y de género, el enfoque étnico-racial, el uso de la figura de traslado de protección, desaparición de personas, la asistencia militar, la aplicación de la jurisdicción penal militar, la protección a periodistas y el acceso a internet.

Inicialmente, la CIDH reconoció que las manifestaciones iniciadas el pasado 28 de abril en el territorio nacional, se relacionan con algunas de las reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016.

Afirman que las causas de las protestas son la inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud, que fueron agravadas a raíz de la pandemia del COVID – 19. “El hecho de que las protestas persistan hasta la fecha da cuenta de la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones”, aseguraron.

A su vez, se mostraron preocupados sobre las inconsistencias en las cifras presentadas por las entidades del Estado y las organizaciones sociales, frente al numero de victimas fatales y personas desaparecidas durante los sesenta días de Paro. Mientras que la Fiscalía registró más de 51 personas fallecidas durante el periodo de protestas, de ellas, 21 no tienen relación directa, sectores de la sociedad civil denuncian que el ente investigador no ha explicado públicamente los criterios para establecer cuáles muertes estarían vinculados con las protestas y cuáles no, por lo que la Comisión pide aclarar la información inmediatamente, ya que produciría desconfianza total de la ciudadanía con las autoridades.

Uno de los puntos importantes que recomendó la CIDH al Estado colombiano fue el de retirar la Policía Nacional del organigrama del Ministerio de Defensa, con el fin de “garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos” y así evitar “una visión militar en la institución”. Además, condenó el uso desproporcionado de la Fuerza Publica durante las manifestaciones, así como el uso de artefactos no letales que ha causado la perdida de varias personas en las ciudades.

Por otra parte, la CIDH mostró su inconformidad ante la medida presidencial de “asistencia militar” para levantar los diferentes sitios de bloqueos en las ciudades o municipios afectados, pues considera que es una restricción desproporcionada a la libertad de expresión, manifestación y reunión y no establece el tiempo límite en que los militares puedan estar en estos puntos, por lo que pidió que sea reconsiderada por el mandatario nacional y su gabinete.

En cuanto a la violencia basada en género y discriminación étnico-racial, la Comisión reiteró que se necesita reforzar los mecanismos tradicionales que permitan el acceso a la justicia, ya que durante el Paro, se registraron hechos de violencia, discriminación y estigmatización generalizada contra los niños, niñas, adolescentes, población LGBTI y comunidades afrodescendientes de Colombia.

Respecto a las agresiones físicas, amenazas, robos y la obstrucción al trabajo periodístico, la CIDH le recalcó al Estado que deben garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en particular, mediante la protección de los periodistas frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, así como el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación en el país.

Igualmente, la Comisión se refirió a los bloqueos ocasionados en las vías y carreteras de Colombia durante el Paro Nacional. En primera instancia, definió que la protesta social puede realizarse de diferentes formas, pero le advirtió al Estado que no puede generalizar todos los cortes de ruta, al considerarlos como puntos de vulneración al derecho a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al trabajo, ya que en diferentes concentraciones se registraron expresiones pacíficas y culturales, contempladas en el derecho a la protesta.

Sugirió el acceso de la Fuerza Publica cuando “esa perturbación a la vida cotidiana se extiende en el tiempo y escala al punto de comprometer la garantía de otros derechos como la vida, el aprovisionamiento de alimentos y la salud”, por lo que reafirmo el camino del dialogo como única salida a los bloqueos.

Finalmente, abordaron la implementación del Acuerdo de Paz, en el que se pidió la reparación a las personas afectadas del conflicto armado y aseguraron que el Estado debería estar acompañando continuamente para verificar el cumplimiento de lo establecido en La Habana (Cuba) entre Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC.

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