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¿Se robaron terrenos de aeropuerto de Cartagena para construir ciudadela?

La Aerocivil emitió dos conceptos contrarios que permitieron el otorgamiento de la licencia para construir en terrenos de la Nación.

n mayo del 2012 el entonces superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, acompañado de quien era el secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, Carlos Fernando Galán, anunciaron en Cartagena que interpusieron ante la Fiscalía General una denuncia penal sobre el robo de terrenos del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena.

Se trataba de un lote al lado de la terminal aérea que habría sido usurpado -según la denuncia- por Hernando Castillo, un diputado de Bolívar de la época.

Según la denuncia, Castillo inicialmente habría tomado dos mil metros del terreno  y luego pasó a 22 hectáreas, usando un aparente «gemeleo» de matricula inmobiliaria para apoderarse del terreno mayor avaluado en el país.  

El abogado Eduardo del Río, defensor de los terrenos de la Nación, manifestó que “mediante la corrupción del Agustín Codazzi e instrumentos público, este diputado logró apoderarse de los terrenos que hoy en día es una ciudadela en terrenos que son de la Nación”.

El abogado cuestiona la manera en la que la Aeronáutica Civil permitió esta construcción, basándose en conceptos contrarios a los de varios de sus funcionarios. 

El 13 de agosto del 2008 Luis Fernando Zuluaga Torres, director de Aerocivil, envió a la curaduría urbana el oficio donde dio concepto favorable para la construcción del proyecto de «La Bocana», aprobando una altura máxima de 48.5 mts.

Posteriormente el 18 de noviembre del 2009, Andrés Forero Linares, secretario general de la Aeronáutica, le envía a la Curaduría número 1 el oficio donde le dice textualmente que “agradecemos a usted se abstenga de hacer cualquier inscripción de registro y otorgar cualquier permiso o autorización para la construcción o mejora en los terrenos de la Nación hasta cuando se puedan verificar los títulos’’.

“En consideración a que el proyecto de construcción de las edificaciones de particulares abarcaba terrenos de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, de acuerdo con el contenido de la escritura número 430 de 1.956 de la notaría octava del círculo notarial de Bogotá», agregó el Secretario General de la Aeronáutica.

 

Pero el 16 de diciembre del 2009, un mes después del requerimiento, Forero Linares revoca su primer concepto “como quiera que en la reunión adelantada en la Secretaría General de la unidad entre el suscrito y representante legal de la sociedad PACO OLAS S.A. ustedes aclararon en forma expresa la localización exacta en la cual se construirá el proyecto Bocana Centro Comercial en terrenos de su propiedad”.  

Teniendo en cuenta este último concepto, el Curador Uno le otorgó  licencia de construcción a la empresa Paco Olas S.A, para que construya una ciudadela en ese terreno.

No obstante el 4 de agosto del 2010, José Laureano Castro, abogado de la Aerocivil, presenta un recurso de reposición contra la licencia de construcción argumentando que “es irregular por haberse aprobado en bienes de uso público de propiedad de la Nación, de acuerdo a las escrituras 439 de 1956”.

Se han presentado 60 pruebas, fue decretado de impacto de interés nacional y pese a varias tutelas para que se aplique la justicia, el proceso está engavetado generando un detrimento por más de 250 mil millones de pesos. 

“Como defensores de bienes de uso publico presentamos una tutela pidiendo acciones a la Fiscalía de Cartagena, pero esta se justificó en que tenía muchos casos y que Bogotá la dejó sola” (…) Yo me entrevisté con la Fiscalía en Bogotá  y me dijeron que la fiscal que llevaba el caso tenía todo el apoyo para que practicara pruebas y sacara el caso adelante y que si la decisión no se tomaba era por voluntad de ella”, dijo el abogado denunciante.

Hoy, el terreno cuenta con una valla que indica el inicio del ambicioso proyecto inmobiliario que contará de viviendas, hospitales y universidades.

“La Aeronáutica Civil está en complicidad para el robo del terreno más avaluado en Colombia. Esto es un acto de corrupción y se han aliado Aeronáutica, el Igac y la Fiscalía en Cartagena, para permitir la construcción de esta ciudadela en terrenos de la nación”, aseguró el abogado.

Fuente: Sistema Integrado de Información