Todo lo que paso en la audiencia que pretendía solicitar la libertad de Álvaro Uribe

Durante doce horas de audiencia, la juez 30 Penal Municipal con Función de Control de Garantías estuvo al mando del caso donde se solicitó expresamente la libertad del expresidente y exsenador de la república Álvaro Uribe Vélez, quien se encuentra en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto de 2020.

Inicialmente, la petición de restituir la libertad al exmandatario corrió por cuenta del abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, quien manifestó que al excongresista se le está vulnerando el debido proceso; además, le notificó a la juez que debido al cambio de proceso a la Ley 906 de 2004, señaló que no puede estar privado de la libertad en este instante.

«No puede decretarse una medida de aseguramiento por un fiscal o quien cumpla las veces de fiscal o juez instructor o magistrado instructor, por ser abiertamente contrario no solo a la ley 906 sino a la Constitución, que exige la figura de intervención independiente de un juez constitucional de control de garantías. Solicito a usted como juez constitucional que ante esta nueva realidad procesal, disponga la libertad inmediata del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; ordene por conducto de la Secretaría del centro de servicios judiciales, la devolución de la caución que le fuera impuesta para garantizar esa privación de la libertad y de manera inmediata se restituya su libertad” expresó Granados.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación, en representación del fiscal encargado del caso, Gabriel Ramón Jaimes Durán, pidió a la señoría que deje al expresidente en libertad inmediata, advirtiendo que si continua en detención domiciliaria, se le estaría vulnerando el derecho al debido proceso (Art. 29 de la Constitución Política de Colombia), ya que no tiene ninguna imputación de cargos bajo la Ley 906. Aseguró que su postura en totalmente jurídica y no política, ya que la entidad fiscal garantizar los derechos de todos los colombianos, como en este caso de Álvaro Uribe.

Adicionalmente, el fiscal Jaimes cuestionó la indagatoria realizada en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado 8 de octubre de 2019 donde se determinó que existen omisiones que afectan el derecho a la defensa, asegurando que no se le respeto el derecho a la defensa del exmandatario.

Al igual que la Fiscalía, la representante de la Procuraduría General de la Nación, procuradora María Lourdes Hernández, solicitó que la libertad de Uribe la decida un juez de control de Garantías después de la audiencia de imputación de cargos, ya que el exsenador renunció a su curul en el Congreso y la Corte Suprema haya perdido total competencia en el caso, dejando invalido este proceso bajo el antiguo sistema.

En el otro extremo del proceso, el abogado Reynaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, se manifestó tajantemente a la Fiscalía frente a as contradicciones del fiscal encargado acerca de la audiencia de la Sala de Instrucción llevada a cabo un año atrás. El jurista declaró que la Corte actuó con claridad y legalidad, sin alterar el debido proceso. Además, dijo que el proceso puede seguir normalmente mediante la armonización de los dos sistemas penales, pese a que se estaría buscando la nulidad del caso. En cuanto a las pruebas presentadas ante el alto tribunal, Villalba confirmó que estos elementos siguen con validez ante el cambio de juez, donde serán remitidos eventualmente. Finalmente, insistió en que la medida de aseguramiento contra Uribe debe quedar en firme.

Asimismo, El exfiscal General, Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo solicitaron ante la juez la suspensión de la diligencia, debido a que consideran que el fiscal Jaimes pretendía buscar la nulidad de todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia en el proceso por presunta manipulación y presión a testigos. Además, expresaron que el representante del ente investigador no trasladó todos los documentos probatorios, donde se encuentra la indagatoria que rindió el exmandatario ante la Sala de Instrucción.

Mientras que Perdomo indicó que la audiencia que en principio era atender la petición de libertad, se transformara en una solicitud de nulidad. A lo que la juez 30 consideró que las intervenciones de los exfuncionarios pretendían dilatar la audiencia, señalando que no escucho alguna solicitud de nulidad frente a estos actos procesales, considerando una tergiversación del alcance de los argumentos presentados por parte del señor Fiscal Jaimes.

La decisión final sobre la libertad del expresidente Álvaro Uribe se dictaminará el próximo sábado 10 de octubre, a partir de las ocho de la mañana de manera virtual, donde fieles y opositores del exsenador estarán atentos a la medida que concederá la juez 30 Penal Municipal.