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lunes, septiembre 20, 2021
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JEP imputa a once militares por ‘falsos positivos’ en el Catatumbo

Cortesía: Zona Cero
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En las últimas horas, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz responsabilizó a un Brigadier General, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo, y a un tercero civil, por su participación en 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas en la región del Catatumbo (Norte de Santander) entre enero del 2007 y agosto del 2008.

Esta determinación está dentro del Caso 03 llamado “Asesinatos y Desapariciones Forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”, conocidos popularmente como ‘falsos positivos’.

Al contar con varios testimonios de soldados que se sometieron a la justicia, informes entregados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, además de ser un territorio priorizado por la Sala, se les atribuyó “el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

En un comunicado, la JEP explica que la decisión de los magistrados se basa en lo establecido en el Código Penal Colombiano y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. “Los magistrados de la Sala de Reconocimiento concluyeron que los comparecientes actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, razón por la cual también existen bases para determinar que son responsables de crímenes de lesa humanidad”, se lee en el documento.

Asimismo, aseguran que el propósito de esta práctica en la región era una: aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar ‘a como dé lugar’ para que les otorgaran beneficios como felicitaciones, medallas, permisos y planes vacacionales; resaltan que las víctimas tenían un perfil semejante (jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales, tenían alguna discapacidad o eran habitantes de calle), y que al momento de su ejecución, estos se encontraban en estado de indefensión, sin estar en algún combate real.

Los imputados son el brigadier general Paulino Coronado Gámez quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

Igualmente, la JEP imputó a los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, el sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.

Esta es la primera determinación de seis que contempla ejecutar la JEP en el Caso 03, dentro de la primera fase de investigación. Cabe recordar que la Sala de Reconocimiento había ubicado al departamento de Norte de Santander como el sexto en la lista por número de víctimas (420 asesinatos entre 1985 y 2016, siendo el 90% entre 1999 y 2008), antecedido por Antioquia, Meta, Cesar, Caquetá y Huila.

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