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Atención. Fiscalía recaptura al Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria

Cortesía: Fiscalía General

En las últimas horas, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, por presuntas irregularidades en la actividad contractual derivada con ocasión de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada Caucasia.

De acuerdo con la investigación adelanta por la Fiscalía, el contrato fue suscrito cuando Gaviria se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, cuyo valor inicial fue de $41.663.432.778.

Asimismo, el ente acusador detalló que la licitación fijó un anticipo del 25 % del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29 %, lo que no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa, tal como lo justificó el fiscal instructor.

Adicionalmente, la investigación especifica que “hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional N° 1, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995’000.000, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas”.

Por otra parte, los investigadores evidenciaron que dicha adición no contaba con soportes técnicos y que la suscripción del otrosí 2, se dio cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejara el cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor.

Además, se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí que, supuestamente, iba a conectar la cabecera de El Bagre con el tramo de la Troncal La Paz, y que existen elementos suficientes para establecer que el otrosí 2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, «contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva».

En este sentido, la Fiscalía acuso a Gaviria Correa por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), por lo que fue capturado en las oficinas de la Gobernación en la ciudad de Medellín, y se le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad, sustituida por detención domiciliaria.

Cabe recordar que en junio de 2020, ya habría sido detenido por el mismo proceso, pero quedó en libertad mientras el ente acusador continuaba con la investigación.